Exigen a Asamblea Legislativa se declare patrimonio cultural archivos de Tutela Legal

2 Oct

Miembros de diferentes organizaciones sociales se manifiestan en las afueras del Arzobispado de San Salvador por el despido de trabajadores y cierre de las oficinas de Tutela Legal.

Redacción Diario Co Latino

Los archivos de Tutela Legal del Arzobispado deben de ser declarados patrimonio cultural, luego que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, decidiera cerrar dichas oficinas.
Hoy, organizaciones y el Foro Nacional de Salud presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que declare patrimonio Cultural el archivo que contiene datos de hechos históricos como la masacre de El Mozote, Sumpul y asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero.
La decisión repentina de cerrar las oficinas, sin dar una explicación, ha generado reacciones diversas. Incluso, ayer, representantes de FESPAD, CEMUJER, CODEFAM, entre otros, se hicieron presentes frente las instalaciones del Arzobispado para repudiar la decisión.
Los representantes de dichas organizaciones solicitaron una audiencia con el Arzobispo, pero esta les fue negada, pero aseguraron que seguirán insistiendo con medidas de presión.
Al momento de abandonar las instalaciones, un exabrupto se suscitó cuando un miembro de seguridad de las instalaciones amenazó de golpearle y apuntó con una escopeta a Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de la Salud.
«El vigilante me puso el fusil, nos han recibido chasqueando las escopetas y me amenazaron de tirarme una patada en la cara», denunció Posada, quien explicó que “lo que queremos es una explicación de los archivos de tutela legal”.
Las organizaciones exigieron respeto al archivo de la oficina, que contiene documentos de más de 50 mil casos de las víctimas de guerra.
La decisión de cesar las funciones de Tutela, se da días después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por IDHUCA, CEMUJER e IEJES.
Un empleado del Arzobispado, quien al ver la protesta y la pega de algunos carteles en contra de Escobar Alas, dijo que por seguridad no había salido nadie a dar explicaciones.
«Como verdadero cristiano aseguro que no serán destruidos (los archivos) y serán entregados de manera apropiada en su momento», explicó el empleado Adalberto Avelar.
A pesar de las criticas y del repudió de las organizaciones, el Arzobispado no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Ex miembros de Tutela Legal fundarán nuevo entidad de derechos humanos
Ovidio Mauricio González, quien hasta el lunes fungió como director de Tutela Legal del Arzobispado, explicó que luego del cierre han decidido fundar una nueva entidad de derechos humanos.
“Esperamos siendo fieles a la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y al testimonio de San Romero de América, continuar nuestra lucha por la justicia, identificados como Tutela Dra. María Julia Hernández”,  dijo Mauricio González.
Con esta acción, el equipo jurídico y documentación  de la ex oficina de Tutela Legal: Wilfredo Medrano, José Roberto Lazo y Alejandro Díaz, continuarán representando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El  ex director de Tutela Legal agregó que con el despido se violentaron sus derechos de trabajadores de la Iglesia Católica, y como ciudadanos.
Denunciaron que sin previo aviso Escobar Alas ordenó cambiar las chapas de las puertas de la oficina y no atender la petición de los afectados para pedir explicaciones del despido.
“Lamentamos la posición tomada por el Arzobispo de San Salvador,  como ha sido su tradicional costumbre, preparó este cierre maquiavélicamente, sin tomar en cuenta, que Tutela Legal tramita una gran cantidad de casos y procesos de violaciones a  derechos humanos del conflicto armado, y  casos actuales donde las víctimas  han confiado en el resguardo de esta información de archivos de la institución, que son archivos del pueblo salvadoreño”, afirmó.
Asimismo, responsabilizaron del uso, manejo o destrucción de más de 50 mil piezas de documentación de denuncias, informes, investigaciones y procesos jurídicos, que por más de 30 años, Tutela Legal diligenciaba en diversos juzgados del país.
La disolución de Tutela Legal de forma abrupta e inconsulta está motivada en el proceso del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por la Sala de lo Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, normativa aprobada en 1994, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
“Los intereses y grupos de poder allegados al Arzobispo están conformes por el momento con esta acción, que consideramos maquiavélica, pero no podrán evitar el avance de la justicia, verdad y reparación en los casos que por muchos años, diligenció en diversos ámbitos nacionales e internacionales la Dra. María Julia Hernández y Tutela Legal, cuya memoria y compromiso son las víctimas, que quiere  honrar”, afirmó.
Sobre el tema de protección de los documentos y procesos jurídicos de Tutela Legal, Ovidio Mauricio reiteró un llamado al Estado salvadoreño, a través de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, a rescatar la Memoria Histórica del país.
“Solicitamos urgentemente la intervención de las instituciones del Estado competentes para que declaren  Patrimonio Histórico, los archivos de Tutela Legal del Arzobispado, y se resguarde esta información para las nuevas generaciones en el Archivo General de la Nación o en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, solicitó.
Además, pidió al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, el nombramiento inmediato de una Comisión Especial, para garantizar el resguardo y buen uso de los archivos.
Asimismo, surgió la posibilidad que todas las víctimas que presentaron sus denuncias ante Tutela Legal,  puedan retirar los archivos  de sus casos, para continuar con su búsqueda de justicia en otras instancias e instituciones.

Niega Vinculación
El  Candidato Presidencial por el FMLN y firmante de la paz, Salvador Sánchez Cerén, lamentó ayer el cierre definitivo de la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, cuya dependencia era la encargada de manejar los archivos de crímenes contra los derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador.
El candidato Sánchez Cerén dijo que respeta la decisión de la iglesia, pero no así, la prohibición de acceso a los documentos resguardados por la entidad.
“Casos como los de la Comisión de la verdad que están documentados, deben estar a disponibilidad del pueblo salvadoreño”, señaló.
Sánchez Cerén aseguró que la pieza de inconstitucionalidad admitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, la semana pasada, para absolver la ley de amnistía “no están vinculados”. “Son dos cosas separadas. La Sala ha demostrado independencia. Es uno de sus méritos y no creo que incida en la decisión de la sala que analizará desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes y sobre eso actuará”, agregó.

CIDH dice que El Salvador debe de investigar graves violaciones
Dos días después que el arzobispo de San Salvador decide cerrar la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, y a una semanas que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda en contra de la ley de Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que El Salvador debe de seguir investigando las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto armado.
En un comunicado publicado hoy por la CIDH, indica que las autoridades salvadoreñas deben de investigar muy a pesar de que se declare inconstitucional la ley o no.
“El Estado de El Salvador debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos”, indica el comunicado.
La CIDH también expresa que está informado de la decisión de la CSJ de admitir la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de Amnistía.
“En reiteradas oportunidades la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han establecido que las disposiciones de cualquier naturaleza, sean legislativas, administrativas u otras, que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos”, expresan.
También recalcan que la Corte IDH en reiteradas sentencias ha establecido que son “inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”, entre las que se destaca la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.
“Todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, indica.
Durante el conflicto armado en El Salvador, aproximadamente 75.000 personas fueron asesinadas y 8.000 fueron víctimas de desaparición forzada, entre ellos, miles de niñas y niños.
Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se han pronunciado en distintas oportunidades sobre la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
La CIDH y la Corte IDH han “requerido específicamente dejar sin efecto la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en cuanto impide la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
La Comisión Interamericana reitera que es deber impostergable del Estado de El Salvador saldar la deuda histórica con la memoria de las víctimas, con sus familiares sobrevivientes y con toda la sociedad, quienes pasados casi 30 años de ocurridos los hechos, aún no han podido conocer la verdad ni obtener justicia a través de la sanción a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
La Comisión IDH y la misma Corte IDH han hecho pronunciamientos e investigaciones en casos más emblemáticos que dejó el conflicto armado.

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