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Con 800 millones aprobados se recupera confianza

22 Oct

Licda. Norma Guevara de Ramirios

Por fin, en el último minuto apropiado para realizar la colocación de bonos, de hasta por ochocientos millones de dólares, el país queda con su capacidad de pago apropiada para hacer frente al cobro que puedan hacer los tenedores de bonos con opción put que vendiera el gobierno de Francisco Flores en el año 2003. Esto representa la seguridad jurídica expresada en el funcionamiento racional de la Asamblea. Se pudo sobrepasar el bloqueo y  la negativa a votar que sostenía el partido Arena.
El decreto votado con 84 votos autoriza al gobierno a emitir hasta 800 millones de dólares en bonos que pueden venderse en el mercado nacional e internacional, se faculta al Ministerio de Hacienda a pagar los costos que resulten de la operación financiera y a establecer los intereses que el país pagara. También el decreto detalla las condiciones para el uso de los fondos en caso se diera la circunstancia de que los tenedores de los bonos no se presentaran a  hacer uso de la prerrogativa de cobro anticipado.
Si el cobro fuere inferior a 400 millones de dólares, el remanente lo usara el gobierno para pago de letras del tesoro, es decir deuda de corto plazo, en ese caso el restante cincuenta por ciento, es decir los otros cuatrocientos millones, tendrán un destino que el gobierno solicite y la Asamblea Legislativa apruebe con mayoría calificada.
El decreto aprobado representa seguridad jurídica para quienes invirtieron hace diez años en la compra de bonos. La consecuencia directa de esa seguridad constituye la mayor defensa del Presupuesto General de la Nación, puesto que ya no sería afectado por una situación forzada de incapacidad de pago. Este ha sido el mayor riesgo que afrontaba la estabilidad financiera del país que se habría extendido al funcionamiento de la economía, por eso la representación legislativa del FMLN y el Presidente de la República han insistido tanto a lo largo de nueve meses  sobre este particular.
A la par del decreto se suscribió un compromiso que firmó el Ministro de Hacienda y las representaciones de los partidos Arena, FMLN, Concertación Nacional, Gana, PES y CD que contiene la visión de un ordenamiento fiscal que, sin sacrificar la inversión social garantice un esfuerzo disciplinado hacia el logro de la sanidad fiscal. Este acuerdo está llamado a reducir las deficiencias temporales de ingreso, ello implica que si se llegara a pagar una cantidad de 400 millones de LETES, que equivaldría a reducir la deuda flotante a la mitad, el Presidente de la República solicitaría modificar el presupuesto de 2013 para bajar de 40 por ciento al veinte por ciento la deuda flotante, que representa el máximo de deuda de corto plazo en que pueda incurrir el gobierno.
El acuerdo recoge el respaldo político a medida que ya ha dispuesto el Presidente Funes en materia de austeridad, lo que significa que el decreto ejecutivo que en el año 2012 ha orientado disminuir hasta diez por ciento las compras y congelación de nuevas plazas se reeditara para el año próximo. Se comprometen los firmantes a estudiar y debatir iniciativas tendientes a crear un ámbito jurídico que propicie la sostenibilidad fiscal del desarrollo y los programas sociales que impulsa el gobierno, a ello contribuirán medidas en materia de ingresos y gastos.
Practicas derivadas de la política presupuestaria como la transparencia, informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria se recogen en el acuerdo, de todo ello se deduce y concluye que en el próximo año, el déficit fiscal podría bajar hasta un nivel de 2.7 por ciento. Es preciso recordar que cuando el Presidente Mauricio Funes asumió la presidencia el déficit fiscal era de 6.5 por ciento y que, con los esfuerzos que ha hecho el gobierno en los tres años lo bajó a 3.9% (2012).
El país fue sometido desde 1998, en tiempos del Presidente Calderón Sol a este tipo de deudas caracterizadas por el alto costo financiero y los impactos  en el presupuesto, como señalé hace varias semanas, con las cifras correspondientes a cada año, los endeudamientos por bonos fueron graves, y desde 2009, se pueden emitir solo para pagar y no como ocurrió antes, para gastar en presupuesto de cada año. Esta circunstancia heredada es la que hay que enfrentar estructuralmente, es la que Arena ha tratado de ocultar utilizando el ataque al gobierno. Llego la hora de ser serios y para corregir los vicios debe buscarse una estructura tributaria que asegure que paguen más quienes tienen mayor capacidad de contribuir y además de dejar de dar la espalda a la peor de todas las deudas, la deuda social, la deuda de la pobreza.

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