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¿Quien se indignará por la Comunidad “Los Héroes”?

28 May

Julia Evelyn Martínez (*)  

“La peor de las actitudes es la indiferencia, el decir “yo no puedo hace nada, yo me las arreglo como puedo”. Al comportaros así, perdéis uno de los componentes esenciales que hacen al ser humano. Uno de sus componentes indispensables: la capacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella”.

Stephane Hessel, Indignaos (2011)

 

SAN SALVADOR – Durante la madrugada del pasado  24 de mayo, una madre adolecente de 19 años de edad de la  Comunidad “Los Héroes” de Santa Ana, tomó la decisión de quitarse la vida ante el inminente desalojo de su vivienda,   programado para unas horas después. Sola, sin apoyo de familiares ni del Estado, sin ingresos para pagar una vivienda para ella y su bebé de meses de nacido, optó por morir para que una institución privada o del Estado se hiciera cargo de su hijo, y no tuviera que sufrir la penuria y los riesgos de vivir en la calle en el copioso invierno que apenas inicia en el país. Llevó su amor de madre hasta sus últimas consecuencias. El desalojo no se llevó a cabo, pero  su bebé ha pasado al cuidado del ISNA.

 

Esta joven madre era parte del último grupo de 300 personas que todavía luchan por sobrevivir en la Comunidad “Los Heroes”,  la mayoría son madres solteras, niños, niñas  y personas adultas mayores, que poco a poco han ido perdiendo la esperanza de que el Gobierno Central, la Municipalidad de Santa Ana, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y/o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se decidan a cumplir con su obligación de tutelar sus derechos humanos, y devolverles la dignidad que históricamente se les ha negado.

 

La Comunidad “Los Héroes” se encuentra ubicada en el municipio de Santa Ana, sobre la carretera Panamericana que conduce de Ahuachapán hacia San Salvador. No se sabe con certeza desde cuando habitan el  terreno de propiedad privada del que se les pretende desalojar, ni tampoco quien o quienes son los propietarios de este terreno. Sí se sabe que llegaron a ser alrededor de 2000 personas, y que construyeron sus viviendas con materiales precarios y sin acceso a ningún tipo de servicios básicos, y se sabe también que  hasta la fecha la única institución que se ha ocupado de atender sus necesidades de vivienda ha sido “Un techo para mi país” mediante construcciones de emergencia y de acciones de habilitación social (organización, asesoría legal, iniciativas de generación de ingresos, etc.).

 

En el año 2010 la relativa tranquilidad de las familias esta comunidad fue interrumpida por una orden desalojo del Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana para dar cumplimiento a la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión, s solicitud de  los propietarios de este terreno. En ese entonces, la comunidad organizada presento una demanda de inconstitucionalidad contra este Ley, la cual fue denegada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ante resolución negativa por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado de Paz de Santa Ana programó nuevamente el desalojo de la comunidad, lo que obligó a la comunidad (con el acompañamiento de FESPAD  y de  personas solidarias con su causa) a recurrir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una Demanda de Amparo, que a la fecha no ha sido resuelta. De forma paralela, la comunidad se ha movilizado sin éxito ante las instancias gubernamentales para gestionar diversas alternativas de solución a su problemática de vivienda. Estas propuestas van desde una petición de prórroga en la fecha de desalojo hasta la realización de gestiones ante el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para la donación de un terreno apropiado y accesible en donde se puedan construir viviendas dignas y permanentes para las familias de la comunidad.

 

No han recibido ninguna propuesta concreta de solución a sus demandas hasta la fecha, mientras la angustia y la desesperación se van apoderando  del espíritu de los miembros de esta comunidad a medida que se acerca el día que la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) cumpla la orden de desalojo.  A este estado de desanimo,  contribuye la  campaña de terror (amenazas, rumores, capturas ilegales, etc.) que ciertos grupos llevan a cabo sobre la comunidad desde hace varios meses atrás, con la indiferencia y/o complicidad de las autoridades de seguridad pública. Muchos han comenzado a plantearse sí la muerte no será la última salida digna que les queda ante la situación en que se encuentran.

 

Paradójicamente,  la tragedia de esta comunidad se ha agudizado en el mes de mayo , un mes que nos recuerda la Primavera de los Pueblos (Mayo de 1968, Movimiento 15M de España)  y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de que los pueblos, y en especial la juventud,  recobren  la capacidad de sentir indignación por las injusticias del mundo y de nuestra sociedad.

 

Contrario a lo que se cree comúnmente, la indignación no es sinónimo de ira, enojo o de repudio contra personas o instituciones, ni tampoco es una etiqueta que puede utilizarse para darle a cualquier movimiento de protesta de la izquierda, de la derecha y/o de ambos. La indignación viene del latin Indignatio, y que se traduce como enojo o enfado vehemente contra algo que se considera inaceptable para la dignidad o condición humana.

 

Para Jean Phillipe Pierron (2012), la indignación es un sentimiento moral que surge en las personas cuando sentimos  que se está despojando a otras personas semejantes a nosotras/os, de los derechos o de las condiciones de vida que definen su condición de seres humanos, y este sentimiento nos mueve a solidarizarnos con su causa como si fuera nuestra propia causa. Esta solidaridad no solo implica la denuncia y/o la identificación de responsables sino adoptar una forma concreta de involucrarnos en la eliminación de las causas de esa situación, para que a ningún semejante se le vuelvan a violar sus derechos de esa forma o se le vuelva a despojar de su dignidad. Es decir, la indignación debe conducir a una acción coherente orientada a erradicar aquello que motiva a nuestra indignación, porque asumimos que no es posible que las cosas sigan así.

 

La indignación es la que surgió en Tunez  en marzo de 2011 cuando un joven universitario desempleado de 26 años, Mohamed Bouazizi, fue desalojado de forma violenta por la policía por  vender de forma ilegal mercancías para ganarse la vida, y que decidió quemarse vivo al quedar sin opciones para seguir viviendo. Indignación es lo que se generó en Madrid en mayo de 2011 como reacción a la creciente ola de desalojos de miles de familias que no pueden pagar sus hipotecas y/o sus rentas debido al desempleo o al aumento o al subempleo. Indignación es el sentimiento que debería desencadenarse  en El Salvador en mayo de 2012  al darnos cuenta que una joven madre ha decidido quitarse la vida para que su hijo no tenga que vivir en la calle porque no tiene un lugar seguro y permanente, que pueda llamar “su hogar”.

 

No todas ni todos se indignarán con esta noticia. Solo nos  indignamos cuando sentimos como algo propio la violación a los derechos o a la condición humana de las otras personas;  pero para esto, debemos considerar a esas personas  iguales a nosotros/as. Si les consideramos inferiores o “diferentes”, no sentimos indignación, sino que les compadecemos, les tenemos lástima (“pobrecitos, como estarán sufriendo”)  o sencillamente, sentimos indiferencia ante su suerte (“ni modo, así son las cosas en este país, que se busquen donde vivir” o bien “el gobierno hace lo que puede” o “la empresa privada no tiene responsabilidad en este asunto, para eso pagamos impuestos”).

 

Por otra parte, aunque la  indignación es un asunto de justicia y no de legalidad, en nuestro país existen al menos dos instrumentos jurídicos que obligan al Estado salvadoreño, y en particular al Ejecutivo a actuar de inmediato en defensa de los derechos de la Comunidad “Los Héroes”, y en especial de las mujeres madres solteras y adultas mayores que en ella habitan.

 

En primer lugar, de manera general, el artículo 119 de la Constitución de la República establece que “Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda”. En segundo lugar, de manera más específica, el artículo 33 de la Ley de Igualdad y No Discriminación de Género que estipula que “El Estado deberá garantizar los mecanismos necesarios a fin de evitar cualquier tipo de discriminación en la adquisición de viviendas, en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Asimismo deberá crear programas especiales para facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres cuando son las únicas responsables del hogar y destinar como bien de familia el inmueble para vivienda Las mujeres que se encuentren bajo la condición señalada en el inciso anterior y que laboran en el sector informal, que apliquen a los planes de vivienda social, tendrán derecho a un trato preferencia en cuanto a las exigencias de requisitos formales para acceder a dichos planes. Los planes de urbanismo y dotación de servicios urbanos deberán considerar las diferencias de las necesidades de género de las mujeres y hombres en materia de acceso a servicios de agua, saneamiento, esparcimiento y recreación, integración familiar y seguridad personal.”

 

¿Será esto motivo suficiente para que los diversos movimientos de indignados de El Salvador se movilicen y presionen a los tres órganos del Estado para que se cumplan  estas disposiciones jurídicas y se ponga fin al sufrimiento de la Comunidad “Los Heroes” así como  a la de cientos de comunidades del país en una situación similar?  ¿Será esta una causa suficientemente justa para que las  organizaciones de Aliados por la Democracia  inicien una movilización a favor de los derechos humanos y de los derechos de ciudadanía de las personas afectadas por el desalojo de la Comunidad “Los Héroes”? ¿Reaccionará la Sala de lo Constitucional ante la violación a los derechos humanos de esta comunidad con la misma valentía  con la que ha reaccionado en las demandas contra el  sistema electoral?. ¿Se acordará de esta comunidad el Presidente de la República el próximo 1 de junio cuando lea su discurso de logros en materia de vivienda popular y desarrollo social? ¿Haremos cada uno y cada una de nosotras/os la parte que nos  corresponde?. Ha llegado el momento de la verdad: POR SU INDIGNACION LES CONOCEREIS.

 

(*) Columnista de ContraPunto

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