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ANÁLISIS: Juez Lizama: No ordené liberar a nadie

6 Mar

Contrapunto

El juez explica con precisión los elementos de sus resoluciones y propone los puntos a debatir en el tema de seguridad, junto a otros análisis que evalúan la coyuntura política de la militarización en el país.

Por Gabriel García

SAN SALVADOR– Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó el traslado de juez Samuel Lizama al juzgado de Zaragoza del que provenía, por considerarlo un “peligro” en el sistema judicial.

Como titular interino del Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador anuló dos procesos con resoluciones polémicas por considerar inconstitucional el nombramiento del general Francisco Salinas al frente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Este jueves, el ahora juez de paz formó parte de los invitados al “Foro-Debate: La militarización en el marco del Estado Constitucional de Derecho”, evento promovido por la Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia (CCOVJ), en el que también participaron como panelistas el politólogo Antonio Martínez Uribe, la directora de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén, y la representante de Cemujer, Ima Girola.

Lizama aclaró que sus resoluciones nunca han dejado en libertad a nadie, pues ambas fueron elaboradas en casos en los que las personas imputadas no tenían condena alguna.

El jurista manifestó que su actuación se basa en un análisis histórico jurídico de la institucionalidad del país, con argumentos “ilustrativos”, “semánticos”  y “antropológicos psicológicos”, y no de analogía, como se “tergiversó” en los medios de comunicación

Para Lizama la Constitución aprobada en 1983 representaba una clara “transición de lo militar a lo civil” en el país. Así, en su artículo primero, que anteriormente presentaba la organización jerárquica de las instituciones del Estado, ahora coloca a la persona humana como origen y fin de la legislación.

De igual manera el juez argumenta que los artículos 12 y 13 de la Constitución presentan un sistema de garantías que ponen un “claro límite a los militares”, ya que, por ejemplo, prohíbe las declaraciones forzadas.

El punto medular de la resolución del juez se apoya en los artículos 82, 127 y 159 de la Constitución. En el primero la normativa prohíbe que los militares de alta se sometan a cargos de elección popular o cargos en el interior de los partidos políticos.

El juez manifestó que su argumento ilustrativo en la resolución se explica con el artículo 127, inciso primero, donde la Carta Magna establece que para que un militar de alta pueda optar a un cargo público debe esperar tres meses desde que se le dio la baja. Lizama expresó que esta “benevolencia”  de la Constitución se debe a que la Asamblea Legislativa es un ente “colegiado” en el que las decisiones se toman en colectivo.

No así el caso del presidente de la República; en el que el artículo 152 de la Constitución dice que para que un militar de baja pueda optar a un cargo presidencial debe de esperar tres años desde que se le dio la baja, por ser este un caro “vertical” en el que las decisiones se toman únicamente por una persona. De ahí el argumento “ilustrativo” del juez en el caso de la dirección de la PNC.

Lizama consideró que los redactores de las reformas a la Constitución que depararon los Acuerdos de Paz nunca esperaron que un militar fuera director de la PNC, por la naturaleza de la institución, y que por eso no hay un plazo establecido para que un miembro de la institución castrense de baja tome las riendas de la policía.

Sobre la institución policial, Lizama retomó el artículo 159 de la Constitución, en el que se establece que la PNC debe de ser un “cuerpo profesional e independiente de las Fuerzas Armadas”. Ello tanto en “sentido orgánico como funcional”, es decir, que a la llegada de Salinas a la dirección de la corporación policial, las decisiones funcionales iban a tomarse desde una perspectiva militarista.

Asimismo, el juez declaró que su argumento “semántico” se basa en el artículo 168 de la Constitución, el cual manda que la PNC debe de estar “al mando de autoridades civiles”. Lizama describió los puntos de incompetencia de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en los que se basa el artículo 159 de la Constitución.

El juez dice que los efectivos de la FAES “desconocen qué derechos se le dan al acusado” cuando es detenido, además no reconocen el uso de la fuerza en el marco del Código Procesal Penal, ni tampoco la “garantía derecho de la defensa” a los que puede acudir el imputado.

En el caso de la investigación, Lizama argumenta que los militares no tienen preparación para salvaguardar “la cadena de evidencia” ni los “actos urgentes de investigación inmediata”, desconociendo así la manera en la que se protege la escena del delito y la “Ley de documentación”.

La normativa constitucional dice que la investigación criminal debe ser realizada por una autoridad civil, por el principio legislativo y los respeto a los derechos humanos.

El último recurso que el Juez utilizó en su resolución es del tipo “empírico-sociológico”, pues según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la FAES ya lleva un buen tiempo laborando en la seguridad pública del país, cuando dicha institución tiene autorización para actuar solo de manera “excepcional”.

El juez de paz también opinó sobre las cifras de aprobación que dan las encuestas nacionales a los militares a cargo de la seguridad del país.
Los argumentos de la población para aprobarles han sido las “virtudes” de los militares por su carrera profesional. Para Lizama “lo valioso es lo contrario”, es decir, que la población sea capaz de reconocer carácter, firmeza y capacidad en la sociedad civil.

En este aspecto, el juez se refirió al trabajo del intelectual polaco Zygmunt Bauman, quien estudió cómo el miedo puede ser instrumentalizado por la política y el sistema económico.

Lizama lanza propuestas para seguridad
El juez, que dijo que va a esperar la resolución de apelación que ha presentado a las instancias correspondientes, lanzó este día sus propuestas reformar el aparato de seguridad del Estado en el “Foro-Debate: La militarización en el marco del Estado Constitucional de Derecho”.

Las medidas que propone van desde programas de prevención “intensivos” hasta una posible reforma al Código Penal.

En su exposición, Lizama presentó seis puntos por donde podrían empezar los ajustes al aparato de seguridad nacional.

Explicó que deben de realizarse proyectos de “prevención intensiva” en las comunidades de riesgo y que debe de regularse la normativa de las armas de fuego, puesto que ésta contiene “74 artículos y 60 tipos de permiso distintos” para portar armas.

Lizama manifestó que esta “permisividad indiscriminada” también debe de ser entendida apuntando a las redes de narcotráfico que operan en la región.

El ahora juez de paz de Zaragoza consideró “risibles” las sanciones que el Código Penal impone por el delito de malversación de fondos. También manifestó que de todas las categorías de delitos de este tipo, solo uno o dos tienen castigos “graves”, y que aun en ese caso se aplica una pírrica multa al infractor.

Otro punto que dice debe de tomarse en cuenta es el proceso de “selección y capacitación de jueces y fiscales”. También expresó que debe de reevaluarse la cantidad de recursos e instrumentos que el Estado pone al servicio de la seguridad pública.

Lizama informó que según un sondeo que él mismo realizó el año pasado en el registro de los juzgados de instrucción, únicamente 80 de los casos de asesinato que se dieron en San Salvador durante el 2011 llegaron a ser judicializados.

Además avisó que debe de buscarse una solución pronta al hacinamiento en las cárceles.

“Hemos permitido la militarización”

Por su parte, el politólogo Antonio Martínez-Uribe explicó que la Constitución de 1983 contempla que la única institución permanente que tiene el país es la FAES.

“Hasta el Estado puede desaparecer, pero no la FAES”, expresó Uribe.
Para el analista, el problema de la militarización es algo que la sociedad civil y los partidos políticos han permitido.

“El problema del militarismo no es problema de los militares, ellos son una creación de la sociedad, (…) a los militares los crea la sociedad, como profesionales en el uso de la fuerza”, añadió el experto.

Asimismo el analista dijo que desde el primer conflicto entre la FAES y el Estado en el año 1998, cuando el presidente Armando Calderón Sol presentó una propuesta de diálogo nacional, pasando por la Ley de Defensa Nacional aprobada en 2002, la Ley de Seguridad Nacional que está en trámite en la Asamblea, hasta el proyecto que apoyó la Iglesia Católica de construir una “Catedral católica militar”, han sido espacios ante los que la sociedad civil pudo haber reaccionado por suponer un fortalecimiento de la FAES como autoridad política.

Según Martínez Uribe, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  en los Acuerdos de Paz, estableció una cláusula que le permitía someter a discusión el carácter “permanente” de la FAES, la cual fue removida en 2002.

“En la luna de miel (entre militares y ex comandantes del FMLN) en los años posteriores a los Acuerdos de Paz no se había conquistado la paz, se había terminado la guerra. (…) Se equivoca el FMLN si cree que va a usar a la FAES para su posición, pues la FAES es una institución conservadora, anticomunista, oligarca y pro militares norteamericanos”, afirmó el experto.

Después explicó que en su paso en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la FAES conoció e intento reformar el proyecto de seguridad que manejaba el Pentágono, y ahora asegura que es el mismo método que están empleando los militares al mando de la seguridad.

“Nunca nos imaginamos que de nuevo los militares dirigieran la seguridad del país. (…) Nos hemos salido del marco de la Constitución, del Estado de derecho y de los Acuerdos de Paz”, afirmó el experto, quien no cree que en 20 años de existencia la PNC no haya podido formar a un policía capaz de dirigirla.

En este sentido añadió que el rol de la PNC debería ser diferenciado de la FAES, puesto que el cuerpo policial es el encargado de “convivir con la comunidad”.

“La mentalidad de los militares es profesionalizarse en el uso de la fuerza para persuadir y aniquilar al enemigo”, dijo Martínez.

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