Guatemala ordena captura de ex ministro y ex jefe policial que investigaron asesinato de diputados Arena

11 Ago

La comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala y un Tribunal de Alto Impacto coincidieron en girar órdenes de captura contra ex funcionarios guatemaltecos supuestamente responsables de ejecuciones sumarias en el mismo penal donde murieron los cuatro policías acusados de asesinar a tres políticos salvadoreños.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció este martes la orden de captura contra un ex ministro de Gobernación, un ex director de la Policía Nacional Civil y un ex jefe policial, por sus presuntos vínculos con una banda a la que se vincula con el asesinato de tres diputados salvadoreños del partido Arena.

La decisión de la CICIG coincidió con una decisión similar de un tribunal, y se produjo tres días después de que una ex investigadora costarricense de la Comisión denunció que el organismo manejaba las pesquisas con criterio político, y que en el homicidio de los tres diputados al Parlacen y su motorista estaban involucrados personajes del poder político y económico del país vecino.

La agencia de noticias Ansa Latina explicó que el Juzgado Primero de Alto Impacto ordenó la captura del ex ministro Carlos Vielman, del ex director de la PNC Erwin Sperinsen, del ex subdirector policial Javier Figueroa y del ex director de centros penales, Alejandro Giammattei. Este se encuentra en la embajada de Honduras en Guatemala, donde pidió asilo alegando persecución política. El presidente Álvaro Colom anunció este martes que Honduras negó el asilo a Giammattei, aunque lo mantendrá en la sede diplomática como huésped.

La razón de las órdenes de captura fue que todos estos funcionarios eran responsables del área de seguridad pública cuando, en 2006, producto de un operativo en la cárcel de Pavón, murieron siete reos.

Meses después fueron asesinados en cercanías de la capital guatemalteca los diputados Eduardo d´Aubuisson, William Pichinte y Ramón González, cuando estos se dirigían al país vecino para participar en las sesiones del Parlamento Centroamericano. El crimen ocurrió el 19 de febrero de 2007 y en dos semanas, las autoridades capturaron y acusaron a cuatro policías guatemaltecos acusados de ser los autores materiales de los delitos.

El 5 de marzo, los cuatro acusados fueron asesinados en la cárcel de Pavón, hecho que las autoridades atribuyeron a disputas entre los reos. Algunos reos y personas ajenas al gobierno, sin embargo, llegaron a declarar que en realidad se trató de una irrupción de un comando armado que ingresó a la cárcel directamente a buscar a los policías y a darles muerte.

Los tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista fueron interceptados para luego ser llevados a una casa en las afueras de la capital guatemalteca, donde fueron torturados. Posteriormente los trasladaron a un camino vecinal, donde los asesinaron y luego los calcinaron. De inmediato las autoridades guatemaltecas vincularon el crimen con bandas de narcotráfico, pero tanto los investigadores salvadoreños como la dirección del partido Arena siempre dijeron que los diputados fueron víctimas por un error.

El sábado, en una entrevista publicada en el periódico guatemalteco Siglo Veintiuno, la ex fiscal de la CICIG Gisele Rivera denunció que el organismo investigador había hecho avances importantes en varias investigaciones, incluida la matanza de reos en Pavón en 2006 y la muerte de los diputados. Rivera, sin embargo, denunció que el ex presidente de la comisión, el español Carlos Castresana, decidía guardar información para revelarla cuando fuera el momento político conveniente, y que ese fue el motivo principal de su renuncia en diciembre del año pasado.

Rivera aseguró que su investigación concluyó que la muerte de los siete reos fue producto de ejecuciones extrajudiciales, y que en el caso estaban involucrada gente “del poder político y económico” guatemalteco. Asimismo, dijo que hay relación entre ese hecho y “el caso Parlacen”, en referencia al crimen de los diputados.

Tres años y medio después de los crímenes, el círculo de las investigaciones parece irse cerrando en torno a algunas personas. La CICIG decidió pedir las capturas después de determinar la existencia de un grupo de exterminio, según informó la comisión en un comunicado. Ordenó la captura de Vielman, del ex candidato presidencial Alejandro Giammattei, de Erwin Sperisen y de otras 15 personas, entre civiles, policías activos y retirados, un militar y funcionarios del sistema penitenciario de ese entonces.

Vielman, que tiene nacionalidad española, se encuentra en España, mientras que el ex director de la Policía está en Suiza, donde su padre Eduardo Sperisen es el representante de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Las personas señaladas, junto a otras que están pendientes de captura, integraban parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desde 2004 y estaban dedicadas a ejecuciones extrajudiciales”, aseguró la CICIG, que se encuentra estrenando presidente.

“Esta estructura prosiguió con una actividad criminal continuada en delitos de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga, entre otros”, añadió.

La divulgación de las pesquisas se produjo en el momento en que asumió como director de la CICIG el costarricense Francisco Dall’Anese. Castresana había renunciado al cargo en junio, alegando una campaña en su contra.

Según la CICIG, el grupo de exterminio ejecutaba sus acciones bajo un patrón de conducta sistemático y elaboró dos planes operativos denominados “Pavo Real” y “Plan Gavilán”, que tenían por objetivo la ejecución de algunos reos.

La CICIG tiene adscrita una unidad de la Fiscalía, que es la que formalmente gira las órdenes de captura.

El Faro publicó en 2007 una nota en la que retrataba las estructuras de crimen organizado activas en Guatemalaque podían tener relación con el asesinato de los legisladores salvadoreños.

Las investigaciones judiciales en este caso aún no son conclusivas y en El Salvador las autoridades policiales y de la Fiscalía dieron prácticamente por cerrado el caso. Eso, a pesar de que nunca se aclaró el vínculo de salvadoreños con la muerte de legisladores, o por lo menos la relación de personas que desde El Salvador estuvieron al tanto del viaje de los parlamentarios hacia Guatemala aquel 19 de febrero.

En las pesquisas se determinó el involucramiento del cártel de Jalpatagua y de un ex diputado conocido como “Manolillo”. Manuel de Jesús Castillo va a juicio en octubre próximo, acusado del crimen. Pero, además, en 2009 la Fiscalía guatemalteca anunció que consideraba al ex diputado pecenista salvadoreño Roberto Carlos Silva Pereira como autor intelectual de los asesinatos.

Según la Fiscalía guatemalteca, Silva Pereira ordenó la muerte de los diputados del partido Arena en venganza porque este partido apoyó que en El Salvador la Asamblea Legislativa le despojara del fuero constitucional para que fuera procesado por lavado de dinero. Silva Pereira huyó del país y fue capturado en Estados Unidos con inmigrante indocumentado. Ahí guarda prisión, esperando una resolución a su solicitud de asilo.

El Faro publicó el 15 de abril de 2009 un reportaje en el que se reveló que el entonces director departamental de Arena en San Salvador, Adolfo Tórrez, había negociado con Silva Pereira un pacto de medio millón de dólares. Tórrez le pidió al ex diputado prófugo 500 mil dólares a cambio de desvanecerle los cargos penales contra él, gracias a una supuesta red de contactos en el sistema judicial de la que el dirigente arenero hacía gala en una conversación telefónica.

Tórrez murió de un balazo en el pecho el 2 de junio del año pasado y en cuatro días la Fiscalía salvadoreña cerró el caso concluyendo que el político se había suicidado.

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