Empresa implicada en escándalo Diego de Holguín reclama otros $10 millones

25 May

La empresa que ganó la licitación para construir la carretera Diego de Holguín, ya recibió más de 13 millones de dólares como anticipos pero le reclama más dinero al Estado mediante una demanda en la Corte Suprema de Justicia

Por Gregorio Morán /CONTRAPUNTO

SAN SALVADOR – El asocio constructor Copreca-Linares encontró en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la pasada administración su gallinita de los huevos de oro. Tras conocerse públicamente una camándula de irregularidades que le favorecieron con varios millones de dólares, se ha sabido también que la constructora demanda que el Estado le pague otros $10 millones porque se considera agraviada.

La empresa mixta, formada por empresarios de Guatemala y El Salvador, fue favorecida en noviembre del 2005, durante la administración del ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, con la adjudicación de la obra “Apertura Boulevard Diego de Holguín Santa Tecla (Tramo II)”.

El monto inicial del proyecto era de $23.4 millones, pero luego el MOP aumentó la cifra a $25.6 millones, aparentemente para satisfacer las expectativas financieras de la constructora, más una larga lista de irregularidades como anticipos por unos $13 millones que habrían sido mal usados o simplemente no sabe qué se hicieron.

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Pero hay más. El consorcio Copreca-Linares pretenden que el Estado le pague otros 10 millones de dólares por considerar que las actuaciones de ex ministros del MOP les vulneraron sus derechos con algunas resoluciones que aquellos emitieron, dice el abogado de la empresa Roberto Oliva, en una demanda contenciosa presentada el 25 de marzo de 2009, diez días después que ARENA perdiera las elecciones presidenciales.

Oliva explica en esa demanda que entre el 6 y el 8 de marzo de 2009, las autoridades (salientes) del MOP emitieron varias resoluciones lesivas a los intereses del consorcio.

El abogado reclama entre otras cosas que el ministerio le negó la posibilidad de realizar una prueba pericial solicitada por la empresa respecto de la construcción de la obra. La compañía mixta también se siente agraviada porque las ex autoridades dan por caducado el contrato, le piden hacer efectiva la garantía de cumplimiento que se establece en el contrato y le reclaman, además, la falta de progreso de la obra y la falta de mantenimiento de la misma.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia le admitió la demanda a la empresa el 8 de mayo de 2009, pero los magistrados de la Sala se negaron a suspender los efectos de esas resoluciones aludidas por Oliva.

Esto último significa que las resoluciones del MOP impugnadas por Copreca-Linares, son efectivas a pesar de la demanda y ello, dijo el ministro Gerson Martínez, ha permitido a las actuales autoridades “sacar de la parálisis” a la obra detenida desde 2008.

La carretera que pudo ser y nunca fue

Como lo denunciara recientemente el actual titular del MOP, Gerson Martínez, alrededor de esa licitación hay muestras de oscuros manejos de los fondos destinados a la obra de apenas 8 kilómetros de longitud. Se desconoce el paradero de unos $5.9 millones de dólares, otorgados como adelanto pero que se desvanecieron en una maraña de irregularidades.

Las actuales autoridades del MOP han detectado que de ese anticipo solo se usó un poco más de $901,000 en diseño, terracería, drenajes y aspectos ambientales.

Un aumento “sospechoso” de ese anticipo otorgó otros $7 millones al consorcio, apenas dos días después de adjudicada la obra (ni siquiera se había comenzado la misma). Además “se hizo sin justificación y sin solicitud del ofertante”, o sea de Copreca-Linares. El anticipo fue “pagado a una velocidad asombrosa y documentado de una manera bastante irregular”, según palabras del propio ministro.

Se calcula que el costo final de la carretera, debido a esos malos manejos y manipulaciones del proyecto original, casi se duplicará y alcanzará unos $49 millones.

Martínez dio a un canal televisivo detalles de maniobras “sospechosas”, al menos dos de ellas graves, en el caso de la Diego de Holguín. Eso raya con actos de corrupción, dijo.

Con la venia de los ex titulares del MOP, se dio una modificación del diseño conceptual original sin realizar las acciones preventivas a los problemas que generaría. Tampoco se tramitaron de los permisos correspondientes.

“Desde ahí iba averiado el proyecto”, reclamó el ministro.

Luego se dio la adjudicación al asocio sin que este llenara los requisitos financieros y legales exigidos en las bases de licitación.

“De entrada no llenaba los requisitos financieros y legales”, agregó el titular del MOP.

Y luego dijo que se puede presumir una aceptación irregular de ofertas porque el consorcio no contaba con los requerimientos de las bases de licitación, respecto a indicar el porcentaje de participación en el proyecto.

Además, Copreca-Linares no presentó los estados financieros en la forma requerida: tenía que presentar balance general, balance de resultados, el estado de flujo de efectivo, que lo presentó incompleto y por eso legalmente se tuvo que dar como “no presentado”.

El consorcio tampoco presentó el estado de cambio del patrimonio. Además el dictamen de los estados financieros de una de las empresas del asocio no contenía la opinión del auditor, “que es indispensable y relevante en el dictamen”, y por lo cual, agregó el funcionario denunciante, “no cumple con las normas de auditoría”.

Otra anomalía es la ausencia de monitoreo y supervisión oportuna por parte del MOP en el uso del anticipo, a pesar de ser exigido así en las bases de licitaciones. Esa falta de supervisión impidió ver que no había avances en la obra, y por ese incumplimiento la empresa debió haberle cancelado al Estado $3 millones de dólares.

También, el ministro que fungía en 2006, David Gutiérrez, no sancionó al asocio en ese año cuando éste permitió “atrasos permanentes y consuetudinarios en su calendario de trabajo”.

Pero la anomalía más grave dijo que era la invasión y tala indiscriminada de árboles en un terreno boscoso administrado simultáneamente por las municipalidades de San Salvador y Antiguo Cuscatlán. La compañía no tramitó los permisos a sabiendas de que se trataba de un área forestal protegida por la ley, lo cual ha dado lugar a observaciones de la Corte de Cuentas y a sanciones contra el MOP por parte del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otra anomalía grave es que no obstante en el contrato se había pactado que la empresa renunciaba a la cláusula del arbitraje, hubo una modificación a esta cláusula a fin de allanar el camino a un arbitraje en menoscabo de los intereses del Estado, pues por medio de este juicio el Estado perdió unos $12 millones de dólares.

Sobre este arbitraje, Gerson Martínez dijo que la resolución del laudo arbitral en términos lesivos a los intereses públicos permitió el pago de obras que no se habían construidos y que a la fecha tampoco fueron ejecutadas. O sea que en el fondo del laudo arbitral hay cosas injustificadas.

En el país los laudos arbitrales se suelen llevar a cabo en el Centro de Mediación y Arbitraje, de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Pero también pueden dirimirse de una manera “ad hoc”, fuera de esa instancia.

Para el actual ministro, “el MOP actuó con una debilidad sospechosa con relación al arbitraje. “Uno puede presumir que la argumentación iba orientada a permitir perder el arbitraje”, señaló el ministro.

Añadió que “hay inconsistencia en las cifras de los estados financieros de las empresas miembros del asocio”. Con todo y ello Copreca-Linares ganó la licitación.

ContraPunto intentó hablar, sin éxito, con los representantes del asocio.

El caso pasará a la FGR

Gerson Martínez tiene previsto acudir este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen lo que por hoy se consideran “posibles hechos de corrupción” en el MOP, cometidos durante la administración del presidente Antonio Saca, quien confió las riendas de ese ministerio primero a David Gutiérrez, y después a Jorge Nieto.

“Queremos que esta vez se vaya a fondo y se establezca el grado de responsabilidad y autoría, que termine la impunidad”, dijo Martínez.

El funcionario espera que en este caso no ocurra como en el de ANDA, donde a pesar de la red de corrupción que saqueó las arcas de la autónoma, solo el ex presidente de la institución, Carlos Augusto Perla Parada, se encuentra encarcelado, mientras que uno de los principales implicados en el caso, Mario Orellana, esté privilegiado con el criterio de oportunidad, es decir, ha servido de testigo contra Perla.

Además de los hechos denunciados, Martínez dijo que al asumir como titular de ese ministerio, encontró que el MOP tiene una deuda de unos $30 millones de dólares por laudos arbitrales que esta institución perdió hace cinco o seis años atrás. El funcionario no detalló las obras por las cuales se hicieron esos arbitrajes.

“No investigue, mejor tape los hoyos de las calles”

En tanto, la mayoría de diputados del Congreso, incluidos los del FMLN, dio sus votos este jueves 20 para aprobar el préstamo por más de $18.3 millones de dólares que será otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dinero con el cual se pretende finalizar las obras que no concluyó el consorcio Copreca-Linares.

El nuevo empréstito se aprobó con 78 votos, y el país quedó endeudado por segunda vez, por la misma obra.

El decreto que dio luz verde al crédito establece que el MOP informe al Congreso cada tres meses sobre los avances de la obra, la que se espera esté lista en un año.

El FMLN, que inicialmente se opuso a la aprobación de los créditos, dio sus votos pero a condición de que se investigue los actos de corrupción y se deduzcan responsabilidades en el mal manejo de los primeros fondos que recibió el país en calidad de préstamo para construir la carretera.

Algunos parlamentarios parecieron más interesados en que no se siga investigando las irregularidades en el MOP. Por ejemplo, Francisco Merino, del PCN, recriminó al ministro Martínez la pérdida de tiempo en investigar los actos de corrupción en lugar de hacer su trabajo de mejorar las calles.

El PCN tiene en su poder la Corte de Cuentas, la contraloría del Estado, la cual dio a los ex ministros que fungieron durante la administración de Antonio Saca y al mismo ex Presidente el ansiado finiquito (que en principio prueba que los funcionarios han actuado con probidad y no han metido mano en las arcas del estado), sin cuestionar ni un solo de los hecho oscuros ahora conocidos en el caso de la Diego de Holguín.

Días atrás, el diputado José Guardado, de la Gran Alianza Nacional (GANA) entrevistado por el canal 21 de televisión, también dijo que el ministro Quinteros tenía cosas más importantes como la de “tapar los hoyos” de las calles,  en lugar de “andar investigando”.

GANA está formado por ex areneros ligados al ex Presidente Saca, en cuya administración se dieron los presuntos actos de corrupción denunciados por Martínez. Sin embargo Guillermo Gallegos, dirigente de ese partido, también pidió que se investigue a fondo los actos de corrupción, aunque criticó a al titular del MOP por haberse tardado casi un año en destapar el escándalo por la carretera.

El ministro Martínez replicó: “Quizás no quieren que se investigue la corrupción”.

Por su parte, diputados de ARENA, a cuyas filas perteneció Saca y de las cuales el ex presidente salió por la puerta trasera, están ahora dispuestos a acompañar al ministro Martínez hasta la Fiscalía cuando éste denuncie formalmente los actos de corrupción encontrados en el MOP.

Los areneros aún resienten el abandono de las filas del partido de parte de 14 diputados propietarios y otros suplentes, alcaldes y directores, quienes ahora conforman GANA. Los dirigentes de ARENA señalan a Saca como el financiador de GANA. Y ahora quieren que las investigaciones sobre la corrupción en Obras Públicas, lleguen hasta el fondo.

El presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, dijo este viernes 21 que ha abierto una investigación contra el ex ministro del MOP David Gutiérrez, por las irregularidades detectadas en el caso de la Diego de Holguín. También contra el ex ministro de Salud, Guillermo Maza, también de la administración del entonces Presidente Saca, por los retrasos e insolvencias en el proyecto de reconstrucción del Hospital de Maternidad.

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