Organizaciones civiles piden agilizar proceso de inconstitucionalidad CAFTA

4 Feb

Por Marcela Vaquero

La Corte Suprema de Justicia espera que el Órgano Ejecutivo y el Congreso le envíen sus respectivos argumentos que sustenten la constitucionalidad, pero esas respuestas aún no llegan y el proceso se estanca

SAN SALVADOR– Organizaciones de la sociedad civil que empujan ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un proceso de inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana-Centroamérica con Estados Unidos (Dominican Republic and Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) exigieron que tanto el Congreso como el Órgano Ejecutivo envíen al máximo tribunal de justicia sus alegatos del porqué consideran ese acuerdo constitucional, tal como la Cortelo ha solicitado para que el proceso de inconstitucionalidad siga su curso.

La CSJ admitió el 25 de noviembre del 2009 un recurso de inconstitucionalidad del DR-CAFTA, presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), que consideran que el acuerdo comercial vulnera preceptos constitucionales. Al admitir el recurso, la CSJ dio 10 días al Órgano Ejecutivo –que lo suscribió— y al Congreso –que lo ratificó— para que enviaran sus alegatos para explicar por qué es constitucional.

Sin embargo, han pasado más de dos meses y la CSJ aún no recibe los respectivos alegatos, con lo cual el proceso se encuentra estancado.

Las organizaciones civiles sostienen que es importante acelerar el proceso porque hay otros acuerdos comerciales que están por ser suscritos, como el que se negocia actualmente con la Unión Europea y con Canadá.

“Para nosotros es importante agilizar el recurso (de inconstitucionalidad) porque actualmente se están negociando acuerdos con la Unión Europea y con Canadá, y es importante que la Corte dictamine sobre el CAFTA porque es un precedente para los demás acuerdos”, dijo a ContraPunto Abraham Ábrego, abogado de Fespad.

Tanto el Ejecutivo como el Congreso no envían sus argumentos a la CSJ, en cuyo caso esta tiene que volver a reiterar la petición, pero el proceso se va retrasando.

“La verdad es que (el Ejecutivo y el Congreso) están incumpliendo la ley”, agregó Ábrego, pues los alegatos los tuvieron que haber enviado 10 días después de emitida la resolución de la Corte.

El abogado de Fespad dijo que no cree que el retraso por parte del Congreso y el Ejecutivo sea por mala fe, sino que puede ser por las múltiples actividades que tienen encima.

“Celebramos que la Cámara de lo Constitucional haya admitido el recurso. Pero también llamamos  al Presidente de la República a que recuerde y cumpla sus promesas de campaña de respetar, ante todo, lo preceptuado en la Constitución de la República”, dijo Ángel Ibarra, presidente de Unes, en alusión al presidente Mauricio Funes.

Un acuerdo cuestionado

El 17 de diciembre de 2004, se firmó el DR-CAFTA en el país,  y de esa forma, El Salvador se convirtió, el 1 de marzo de 2006, en el primer país de Centroamérica en establecer un acuerdo de ese tipo con Estados Unidos.

En aquel contexto, diversas asociaciones, partidos  políticos, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y grupos sindicalistas se opusieron al Tratado, argumentando que el acuerdo sólo beneficiaba a Estados Unidos. Sin embargo, el convenio siguió su rumbo, que en teoría planteaba una mejora en la economía del país en la medida en que se potenciaban las exportaciones a esa nación del norte, con ventajas arancelarias.

Desde la implementación del Acuerdo, analistas insistieron en que el tratado violentaba varios artículos de la Constitución de República y los derechos de los salvadoreños.

Los planteamientos de inconstitucionalidad se refieren a cinco apartados del CAFTA  que violan la Constitución de la República salvadoreña. Dichos artículos son los 3.2 y 2.3.4 (sobre trato nacional o nación más favorecida) del DR-CAFTA que violentarían el artículo 3 de la Constitución en relación a la igualdad entre las personas frente a la ley.

“Este tratado nacional obliga al Estado Salvadoreño a otorgar a las empresas estadounidenses un trato, por lo menos, igual o superior al que se le otorga a las empresas salvadoreñas, dejando a éstas en una plena discriminación y fuera del procesos de competitividad del mercado”, afirmó en conferencia de prensa Raúl Moreno, economista de Fespad.

El segundo planteamiento se da en el capítulo 3.3.4 del DR-CAFTA que violentarían el artículo 131 de la Constitución en lo referente a la atribución que tiene la Asamblea Legislativa de decretar impuestos, tasas y otras contribuciones de forma equitativa.

Según Moreno, esos artículos del CAFTA obligan a los países firmantes a eliminar los aranceles aduaneros, que a juicio es una potestad que le compete sólo a la Asamblea Legislativa, según la Constitución de la República.

De igual forma, en un tercer planteamiento de inconstitucionalidad se encuentra en la cláusula de Inversionista a Estado, planteada en el Acuerdo, en la cual se contradice el artículo 106 de la Constitución.

“Esa cláusula le da potestad  a la empresa estadounidense de llevar a juicio al Estado salvadoreño cuando una política pública del Gobierno salvadoreño afecte las ganancias o expectativas de la empresa extranjera, como sucedió con Pacific Rim” aseguró Abraham Ábrego, subdirector de Fespad.

La empresa Pacific Rim, en el marco del CAFTA, demandó al Estado salvadoreño por una cantidad inicial de $77 millones de dólares, en concepto de indemnización por daños a la inversión realizada en nuestro suelo. Asimismo, la  Commerce Group exige un pago de 100 millones de dólares, y los permisos para retomar las actividades mineras.

“El TLC es un cheque en blanco para que las internacionales puedan denunciar al Estado cuando sus interés se vean afectados”, aseguró Ángel Ibarra, presidente de UNES

Los avances no se han visto

“El CAFTA fue vendido, promocionado y firmado violando los interés del pueblo salvadoreño”, aseguró Ibarra.

Asimismo, añadió que después de cuatro años de la implementación del convenio, no ha habido ninguna mejoría en le desarrollo del país.

“En el país las importaciones no han visto un alza, la generación de empleo tampoco y la mejor calidad de vida mucho menos. Y es que todo TLC es impuesto por una política neoliberal  que está fracasando, de una manera abierta, en todo el mundo”, agregó.

Si CSJ considera que hay inconstitucionalidad, luego de  un análisis a todos los alegatos, el procedimiento a seguir sería aplacar el CAFTA de inmediato. “Vamos a seguir argumentando, de tal manera, que la CSJtenga elementos claros de que el TLC viola la Constitución de nuestro país”, expresó Ibarra.

/contrapunto.com

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: