Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador es el segundo país de Latinoamérica con más impactos económicos a raíz de la crisis mundial.
El PNUD elaboró, durante el último año, una propuesta denominada Programa de Pobreza Urbana en El Salvador, donde se especifica la situación actual de los salvadoreños y las posibles salidas viables a la problemática.
El programa será entregado al Presidente de la República, Mauricio Funes, a fin de que éste tenga insumos para aliviar la situación de pobreza del país.
El Coordinador de Desarrollo Humano y ODM del PNUD, William Pleitez, aseguró que el programa contiene los lugares identificados donde residen personas en precarias condiciones de vida.
“Estamos presentando la propuesta del programa para extender las redes de protección social hacia los grupos vulnerables”, dijo Pleitez.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que la pobreza en El Salvador tiende a volverse urbana. De cada 100 personas pobres, 58 habitan en áreas urbanas.
El PNUD señala que una de las causas de esta problemática social es la crisis económica internacional y la crisis energética, por las cuales, en dos años, los rangos de pobreza incrementaron en dos puntos porcentuales.
Mientras tanto, el rubro de las remesas en el país ha disminuido 10% en tan sólo seis meses, siendo este uno los principales ingresos del país.
Asimismo, el informe señala que los niveles de recaudación fiscal han decrecido y esto contribuye a que la crisis económica se agudice.
El Salvador, segundo país de América Latina más afectado por la crisis
Julio 2, 2009 — antonioAprender de la experiencia es de sabios
Julio 1, 2009 — antonio
Esta intentona golpista de Honduras refleja que la luna de miel de los proyectos
rebelion.org
Nota de Revista: AHORA, edicion: junio/2009. “HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR Y AHORA CUMPLAMOS EL DEBER DE LUCHAR PARA CONQUISTARLO”
Esta intentona golpista de Honduras refleja que la luna de miel de los proyectos
reformistas lleva en su seno su propia contradicción: la existencia real de la lucha de
clases, usando todos los medios y formas de lucha de los grupos conservadores que se
niegan a los cambios.
Los gobiernos reformistas son esencialmente progresistas por su origen, por su carácter
son renovadores y por su contenido, en estos tiempos, son antineoliberales.
Los proyectos reformistas favorecen la vía electoral para ganar el gobierno. Es
decir que no incluyen la toma del poder (politico, económico y militar). Así, la palabra
“asalto” no figura ni en su vocabulario ni en su agenda. Esto significa acceder al
gobierno con las reglas del juego burgués y continuar dentro de esa institucionalidad.
Cada 4, 5 o 6 años la disputa electoral presidencial y cada 3 años o 4 la de diputados y
alcaldes municipales. Los gobiernos reformistas tienen que restarle tiempo a las obras
de servicio popular para defenderse de los ataques de la derecha y para preprararse
para la nueva contienda electoral.
Por su parte, la explotación capitalista continúa intacta, y los cambios que el
gobierno progresista implementa son para aliviar las condiciones de la explotación del
capitalismo neoliberal. A mediano y a largo plazo se comienza escuchar la referencia al
capitalimo como sistema que debe cambiarse (comúnmente se cuidan de la palabra
“erradicar”), pues el estado sigue siendo un estado capitalista con regulaciones al
capital.
La vía así escogida incluye convivir con la tradicional estructura del estado
burgués con sus tres poderes u úrganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Los
grupos dominantes tradicionales, a través de sus partidos tienen en el parlamento un
frente de lucha en el que se emplean a fondo para obstaculizar y sabotear las reformas
que el ejecutivo propone. La Corte Suprema de Justicia, por su parte funciona como
gendarme del statu quo y tiene un poder paralizante y contrarrevolucionario enorme. El
gobierno reformista se somete a la institucionalidad en la que nació y en la que
sobrevive. Así, en la práctica, en la gestión gubernamental _que de palabra promete ser
“del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”- se frena y se somete a la La
independencia de los tres poderes.
Los medios de comunicación siguen desinformando a la población y atacando a
mansalva los dirigentes reformistas. Manipulan “la libertad de prensa” para mantener su
frente de lucha abierto contra el cambio. El gobierno reformista se abstiene de someter
los afanes vgenenosos de la prensa reaccionaria beligerante; en su lugar crea su prensa
oficial. Esto, sin embargo, no siempre puede hacerse por la falta de recursos.
Otro de los talones de Aquiles de la vía y de los ensayos reformistas es dejar
esencialmente intactas las fuerzas armadas burguesas, excepto algunas
remociones, pases a retiro, etc. Realiza unos cuantos maquillajes que no significan para
nada un intento de transformación cualitativa de dicha institución para convertirla en un
instrumento del cambio. Según la tesis reformista, el objetivo estratégico de derrotar y
desarticular al ejército burgués y pasar a construir el ejército popular no es ya una
condición fundamental para poder hacer los cambios revolucionarios. Según la tesis,
bastan unos cuantos maquillajes a la institución armada y a los instrumentos de
seguridad del estado burgués para que acompañen los cambios que los países y los
pueblos necesitan.
Otra de las deficiencias del reformismo es negar la lucha de clases, obstaculizando y
desestimando la organización combativa y participación democratica directa del pueblo
en la conquista de sus necesidades inmediatas y fundamentales. A la lucha de clases se
la ve como provocación o desesperación. Se desconoce la lucha de clases como moior
de la elevación de la conciencia de los pueblos; se desconoce a la clase obrera y a su
aliado el campesionado como fuerzas principales.
Con el reformismo, no hay dictadura de las grandes mayorías sobre las
minorias, no hay posibilidad de someter a los grupos dominantes a una relación
inversa. De la misma manera, el partido único es un tabú y aduciendo el argumento de
que el partido no es el estado ni es el gobierno, al partido revolucionario –cuando lo
hay- se le relega, limita, y se le niega protagonismo.
En suma la coexistencia de lo nuevo con los viejos intrumentos de explotación,
opresión, represión, marginación, discriminación y humillación, es una contradicción que
tarade o temprano se agudiza hasta llegar a una eclosión social; es decir la revolución
que con tanto afan se busca suplantar con el reformismo.
La fragilidad de los gobiernos reformistas no se debe al hecho de que la derecha es
enemiga de los cambios y conspira. La burguesia ha sido siempre contrarrevolucionaria
con repecto a los cambios politicos económicos sociales y culturales que beneficien a las
grandes mayorías. La fragilidad de los gobiernos reformistas es de origen: nacieron del
diálogo y la negociación con los gobiernos de las clases dominantes, se convirtieron en
partidos políticos electorales para funcionar dentro de las reglas del sistema electoral. El
dialogo y las elecciones son canales institucionales para tratar de hacer los cambios
desde adentro del sistema, es decir hacer revolución sin hacer la revolución.
Todavía se puede Hacer los cambios prometidos del plan de gobierno y hacer los
otros, los cambios profundos que el pueblo necesita para mejorar su calidad de vida.
Prepararse para las asonadas de la derecha; actuar a tiempo para transformar los
factores viejos del sistema que se puedan transformar y someter con firmeza a los que
se deba someter. Actuar con determinación, sin vacilaciones; confiar en la fuerza
avasalladora del pueblo; abrir espacios para su organización y para su participación
democrática. Tomar la iniciativa, adelantarse a los acontecimientos.
De esta experiencia pueden aprender otros gobiernos que quieran genuinamente impulsar
cambios revolucionarios. Esta experiencia no debería aumentar la timidez en el impulso de los
cambios, ni acrecentar la ambigüedad en la política interna y en las relaciones diplomáticas. Esta
experiencia debería servir para aumentar la audacia y la identificación con los intereses del
pueblo, las mayorías explotadas, reprimidas, oprimidas, marginadas, excluidas, humilladas
discriminadas. “No se puede quedar bien con dios y con el diablo” dice la filosofía popular o más
claro “cría cuervos y te sacarán los ojos”. En política, la amnesia, la conciliación, el maridaje del
cambio con su opuesto no llega lejos. Tarde o temprano revienta.
SI SE JUNTAN:
LA HEROICA RESISTENCIA DEL PUEBLO HONDUREÑO,
LA FIRME DETERMINACION DEL PRESIDENTE ZELAYA Y OTROS DIRIGENTES
LA AMPLIA SOLIDARIDAD DE OTROS PUEBLOS DE PAISES HERMANOS Y DEL
MUNDO
EL APOYO SOLIDARIO POLITICO Y DIPLOMATICO DE OTROS GOBIERNOS
LA CONDENA DE LOS ORGANISMOS REGIONALES, CONTINENTALES Y
MUNDIALES
LA CONDENA INTERNACIONAL A LOS GOLPITAS
SI SE JUNTA TODO ESO…
¡EL GOLPE SERA DERROTADO
¡EL GOBIERNO DE JOSE MANUEL ZELAYA SERA RESTITUIDO
¡LOS CULPABLES PAGARAN SU CRIMEN¡
¡EL PROCESO DE CAMBIOS EN HONDURAS SE AMPLIARA Y
PROFUNDIZARA¡
El Tribunal Supremo Electoral en los tiempos del Cambio
Junio 30, 2009 — antonioFélix Ulloa
Nouakchott, 21 de Junio de 2009
Una de las causas que aceleraron el conflicto que abatió nuestro país por más de una década, fueron los escandalosos fraudes electorales de 1972 y 1977, cometidos por el PCN, el partido de la dictadura militar.
La lucha armada iniciada por los grupos guerrilleros recién nacidos: 1970 las FPL, 1972 el ERP y la Resistencia Nacional RN en 1975, dio un salto cualitativo, cuando los núcleo clandestinos y limitados a pequeñas unidades político militares, que operaban mas para la sobrevivencia, la propaganda y la creación del fondo de guerra, se vieron arropadas por un amplio movimiento de masas, que se nutria del descontento popular originado en el irrespeto al resultado en las urnas y a la represión brutal como respuesta a sus demandas. Esta situación cambió la correlación a favor de la lucha popular y marcó claras opciones de toma del poder mediante la guerra revolucionaria.
Por ello, cuando en Caracas en 1990 se definieron los temas de la agenda que seguiría la mesa de la negociación, se incluyó la reforma al sistema electoral como uno de los 7 puntos de dicha agenda. El resultado fue un nuevo marco jurídico que modificó la Constitución, sustituyendo al anacrónico Concejo Central de Elecciones por el Tribunal Supremo Electoral y cambiando la legislación secundaria mediante la aprobación de un nuevo Código Electoral.
Esas medidas que en su momento significaron un avance en la ruta democrática, adolecen ahora de obsolescencia y demandan actualización y más democratización en su esencia. Personalmente tuve la oportunidad de formar parte de la Sub Comisión Especial Electoral que integrada a la COPAZ, redactó el anteproyecto de Código Electoral.
El que finalmente se aprobó después de sufrir modificaciones en el seno de COPAZ, en la Asamblea Legislativa y en la Presidencia de la República, no fue el que diseñamos y entregamos en Noviembre de 1992, pero sigue vigente y, con algunas reformas poco honorables, y con sus carencias y limitaciones, ha servido para administrar los 4 procesos electorales presidenciales (1994, 1999, 2004 y 2009) y las 6 elecciones legislativas y municipales (1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009), que hemos realizado en el periodo de post guerra. Pero ya no da más.
Es tiempo de generar una nueva arquitectura electoral que le dé forma a una, también nueva, ingeniería constitucional, acorde con las demandas democráticas que nuestro pueblo viene exigiendo desde hace varios años.
Desde luego, ello demanda de una voluntad que no existe en los partidos políticos, sobre todo los de derecha, que hasta hoy se han beneficiado de los vacíos, defectos y contradicciones de la legislación que regula nuestro sistema electoral. Veremos si hoy que la izquierda, superando esas desventajas ganó la elección presidencial, cambian esa visión cortoplacista y ventajista, y se deciden por apoyar un verdadero proceso de reformas estructurales al sistema electoral.
En esa misma línea, encontramos al Tribunal Supremo Electoral. Tuve la suerte de ser uno de los Magistrados Propietarios del primer TSE integrado conforme el texto y el espíritu del art. 208 de la Constitución, surgido de los Acuerdos de Paz. Y mi experiencia en dicho organismo durante el mandato de 1994 a 1999, me permite afirmar que, si bien el legislador trató de combinar la presencia de los partidos políticos con la función técnica de los Magistrados judiciales, este experimento a mostrado que sus debilidades son mayores que sus fortalezas y por ello, existe una constante y generalizada demanda que se separen las funciones jurisdiccionales y administrativas del TSE y se gestionen mediante entes separados.
La derecha que controla la aritmética legislativa, se ha opuesto todo el tiempo a esta reforma constitucional, pues apostó a las ventajas inmediatas que le redituaba el tener la presidencia del TSE al ganar siempre las elecciones presidenciales. Hoy que dicha prerrogativa le corresponde a la izquierda, veremos cómo se comportan.
La primer prueba de fuego será con el Registro Nacional de las Personas Naturales, organismo que estuvo bajo sospecha durante las recién pasadas elecciones por le manejo de los DUI y las denuncias de emisiones fraudulentas del mismo. El caso es que el bloque de la derecha legislativa, sabiendo que el FMLN ganó las elecciones del 15 de Marzo, le quitó al Presidente de la República la potestad de nombrar al Presidente del RNPN, como estaba consignado en la ley desde su creación. Ahora dicha facultad se le transfirió al TSE.
Como dato que no debe quedar en el tintero, hay que recordar que el TSE con la integración ilegal que se realizó en 2004, reprodujo en su seno, el mismo bloque de la derecha legislativa con los partidos ARENA, PCN y PDC, controlando la mayoría de las decisiones del Organismo Colegiado y eso se agrava al romperse el candado que teníamos en la época que yo fungía como Magistrado donde el 90 % de las decisiones se tomaban con 4 votos favorables, hoy la regla se invirtió y la mayoría de las decisiones se toman con 3 votos favorables. No hay duda que la derecha ha manipulado a su favor todas las reglas del juego electoral.
Así que de cara a los nuevos desafíos democráticos que se vislumbran en el horizonte, está la integración del nuevo TSE. En este sentido, sin cambiar su estructura actual, se puede dar un giro democrático importante, ya que la ausencia en la contienda presidencial de los dos partidos acólitos de ARENA, además de los efectos políticos que se buscaban al retirarse de dicha elección, sabían que se generarían efectos legales. Ambos partidos estaban conscientes que al no participar en dichos comicios perdían ipso jure el derecho a nominar ternas para la integración del TSE.
El art. 208 de la Constitución señala:” Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco Magistrados, quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.
Los dos Magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, y no tener ninguna afiliación partidista.
Habrá cinco Magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin la terna que faltare. “
El legislador constitucional previendo la eventualidad de que no hubiera tres ternas de origen partidario, en la parte final del inciso segundo de la citada disposición, ordena que, si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa haga la respectiva elección sin la terna que faltare.
Con lo cual otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de integrar plenamente el referido Organismo Electoral, sin la terna que faltare, es decir que la ausencia del tercer contendiente electoral, constituya un impedimento para la integración plena del Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos políticos PCN y PDC, que tienen representación parlamentaria y no participaron en la elección presidencial del 15 de Marzo del corriente año, sabían y estuvieron conscientes que uno de los efectos de su ausencia en la elección presidencial seria la pérdida del derecho a proponer candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que no es ni legal ni éticamente aceptable que para llenar el vacío de la tercera terna correspondiente a los contendientes electorales, la pretendan integrar con candidatos propuestos por dichos partidos.
Con esta situación se abre la posibilidad de que un Magistrado Propietario y un Magistrado Suplente del TSE sean nombrados por la Asamblea Legislativa, de entre personeros de la sociedad civil organizada y con experiencia en la materia electoral. En esta misma línea de pensamiento el MIRE que es un movimiento estrictamente ciudadano y que promueve la reforma electoral desde hace varios años, ha presentado sus ternas para Magistrados Propietario y Suplente ante la Asamblea Legislativa.
Veamos hasta donde llega la decencia legislativa al momento de nombrar a los nuevos magistrados del TSE.
Cabezas y Campos renuncian a su aspiración de postularse como magistrados
Junio 30, 2009 — antonio| Desde la izquierda: Rogelio Fonseca, Presidente del Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador (CAPES), Alfredo Canizales y Luis Gutiérrez, se refieren a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General. Foto: Diario Co Latino/Rosa Campos |
La polémica de la lista de los candidatos a magistrados presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CSJ) parece llegó a su fin, luego que esta mañana los concejales David Gonzalo Cabezas y Jorge Efraín Campos renunciaran a la lista. “Es una forma de desentrampar el proceso de elección”, dijo Campos a este vespertino, después de confirmar su renuncia. Así ya no existe “causal” de la demanda interpuesta por la ex viceministra de Turismo Michelle Gallardo, advirtió el concejal.
“Se declina la postulación a magistrados con el objetivo de contribuir a que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no detenga la elección” sentenció Campos.
Luego de la demanda de Gallardo, la Sala de lo Constitucional ordenó de forma transitoria frenar la elección de los magistrados, mientras se estudiaba el caso y existía una resolución a la petición de amparo, que fue duramente cuestionada por sectores jurídicos del país.
Algunos sectores criticaron que la Sala de lo Constitucional resolviera en poco tiempo y que dos magistrados que mostraron abiertamente su intensión de seguir en el cargo resolvieran a favor de la demanda. La serie de conflictos y problemáticas evitó la elección, cuando se estaba a poco tiempo de cumplir el periodo depuesto por la Constitución. Mañana 1 de julio vence el plazo.
La derecha de la Asamblea Legislativa incluso pidió que se eligiera a los magistrados que están trabajando en otras salas del máximo tribunal, para sustituir las vacantes que concluyen el presidente de la CSJ y cuatro magistrados. La medida es considerada inconstitucional y atentatoria contra el Estado de derecho.
El Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador (CAPES), se pronunció en contra de esta iniciativa por considerarla ilegal. “No pueden porque tienen que ser elegidos por la Asamblea con 56 votos, mayoría calificada, entonces no se pueden conformar con los de los otras salas, es ilegal”, sentenció Carlos Nasser.
CAPES que aglutina diversas asociaciones de profesionales, se mostró preocupado por la situación del país que no tiene fiscal y que está a las puertas de tener una Sala de lo Constitucional, acéfala.
Rogelio Fonseca, presidente de CAPES, dijo que la figura del fiscal adjunto no está contemplada “en la Constitución de la República, sino en la Ley Orgánica de la Fiscalía por tanto, siendo ésta una ley secundaria, no tiene prevalencia sobre la misma Constitución”.
Además, el presidente se refirió a la no elección de los magistrados porque todos los funcionarios públicos “incluyendo a los diputados, están obligados al exacto cumplimiento de los deberes y obligaciones que dicta la ley” y eso incluye cumplir con la elección a tiempo de los funcionarios de primer grado. Los diputados de la Asamblea Legislativa “deben cumplir con su obligación de mantener el orden Constitucional”. La critica de CAPES se suma a las que emitió la semana pasada FUSADES y ANEP.
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